Los Subsidios en México

En teoría, se entiende por subsidio toda aquella prestación pública asistencial de carácter económico, con una duración determinada y enfocada a un grupo específico de la población. Es decir, es una ayuda económica que se presta con un fin definido, por un tiempo delimitado a un grupo en particular.

Lamentablemente, la práctica en nuestro país en materia de subsidios se encuentra muy alejada de la teoría.

Ya que en nuestro país no existe absolutamente ningún documento, reporte o sitio web en el que se puedan conocer, de manera amplia, los detalles de todas las transferencias de ingreso categorizables bajo el concepto de subsidios. En suma, no se cuenta con un registro completo de programas, montos y evaluación del dinero público que se gasta con fines redistributivos o de protección sectorial.

Conocer el total de la suma presupuestal programada es posible a través del Presupuesto de Egresos de la Federación; lo que no es posible es conocer los criterios de distribución: la identificación de la población objetivo, y, claro, la evaluación del desempeño de todos los programas bajo los cuales se destina dinero público por el concepto de subsidios.

Pero la parte más importante no se refiere siquiera a los subsidios contemplados presupuestalmente; sino a aquéllos generalizados como los aplicados a la gasolina, electricidad y la parte no recaudada en IVA a medicamentos y medicinas. Según datos aportados por el investigador del CIDE, John Scott, los subsidios no programados sumaron 578,000 millones de pesos en el 2008, esto es, 22% del total del gasto público de aquel año.

Los subsidios existen para garantizar el consumo de bienes necesarios en poblaciones empobrecidas o para garantizar la sobrevivencia de un sector económico estratégico. Bajo ese criterio, los subsidios generalizados fallan, ya que se malacostumbra a la población a no pagar el costo real de un bien o servicio, y al no respetar las leyes de la oferta y la demanda que ofrecen el libre mercado, genera un gasto infinito e incosteable a la administración pública federal.

Desgraciadamente, debido a los enormes intereses político-electorales que rodean estas cuantiosas cifras misteriosas, jamás se atreverán a quitarlos o a reestructurar su uso. Como casi todas las medidas necesarias para una gestión eficiente y eficaz de la administración pública, resulta impopular e inviable políticamente hablando.

Vivimos probablemente en la época de mayor acceso a la información en la historia de este país y del mundo entero, donde el escrutinio público nunca había tenido tanto poder para cambiar las cosas, por ello es inconcebible que en pleno año 2016 aún no podamos contar con la transparencia mínima indispensable para conocer el destino y criterios de uso de una cuarta parte de todo el dinero público federal.

¿Nos podemos dar el lujo de seguir en la ignorancia y en la falta de transparencia?

Yo creo que no, ya no.

M.E. Rodrigo Correa San Martín

¿Te gustó? ¡Comparte!